El PP confirma que los expedientes prescritos tenían defectos que impedía que prosperaran, y eran legalizables por el Plan de 2010 y destaca la magnífica gestión de la asesoría jurídica durante el gobierno anterior

Kika Caracuel pregunta si la decisión del tripartito de no recurrir la  sentencia del arquitecto Flores no produce perjuicio económico al consistorio

La concejal del grupo municipal popular, Kika Caracuel  ha asegurado hoy que los expedientes sancionadores prescritos acumulaban numerosos defectos de forma que hacía imposible que prosperaran y que, además, se trataba de actuaciones legalizables con el PGOU de 2010.

Estas circunstancias eran conocidas por los actuales responsables municipales, ha precisado Kika Caracuel,  pero omitidas intencionadamente para tratar de empañar la imagen del ejecutivo anterior, que es la tarea en la que trabajan con autentico interés y dedicación.

Se ha referido a uno de los expedientes de mayor cuantía, el edificio Monte Azul, localizado en la zona norte de Las Albarizas, y que pese a que afectaba a unos 200 comuneros, solo fue notificado a uno de ellos, lo que invalidaba completamente la actuación, toda vez que el procedimiento estaba perdido de antemano.

En el caso de Monte Azul, como en los demás, se legalizaba por el PGOU de 2010, pero ahora no existe este plan, ha explicado la concejal quien ha preguntado al tripartito si tiene intención de anular dicha licencia, una cuestión que deben responder a la máxima brevedad para que los vecinos tengan conocimiento de la situación actual.

La representante del PP ha dicho que el asunto de las prescripciones se desmonta como ya hicimos con el superávit, negado por el tripartito y que finalmente demostró con su aprobación por el pleno municipal, o la presunta falsificación del PGOU, que el acta del pleno desveló que los cambios los remitió el equipo redactor.

Caracuel ha calificado de inaceptable que los actuales gobernantes cuestionen el trabajo que hizo la asesoría jurídica durante los ochos años del PP, cuando se partió de cero para pasar del caos a la legalidad.

Durante ese tiempo, bajo la magnífica dirección de Enrique Sánchez,  la asesoría jurídica tuvo que sacar  adelante más de 1.000 contenciosos administrativos, alrededor de 200 penales, cuarenta procedimientos del Tribunal de Cuentas, además de los laborales y civiles, y cuyo balance se cifra en condenas a favor del ayuntamiento por importe de 240 millones de euros.

Logramos además ganar pleitos que reclamaban cantidades millonarias al ayuntamiento por convenios de las etapas anteriores y que evitó la salida de unos 97 millones de euros de las arcas municipales, un trabajo que desconocemos si continúan desarrollando pero del que tendrán que dar cuenta los actuales responsables municipales.

La edil popular ha lamentado las maneras del equipo de gobierno, instalado en la mentira, la calumnia y el desprecio absoluto a la verdad, un equipo de gobierno que no gobierna, no gestiona, no resuelve el día a día de los vecinos, y que solo sabe de insidias y falsedades para justificar su absoluta incompetencia al frente de la ciudad.